Si comparamos a Carmen Cristófaro, diabética, de 68 años, con el resto de los jubilados en crisis con su prepaga por el aumento de las cuotas, a ella le resultó bastante más fácil acudir a la vía judicial para ponerle un freno ese incremento.

Su hijo es abogado y, además, ella es de San Martín, territorio pionero y proclive en la Justicia Federal bonaerense a ordenar frenos contra las prepagas. De hecho, el amparo de su madre es el primero de las dos medidas cautelares que Fernando Ciarallo ya logró en la Justicia Federal de San Martín.

Otro más está a punto de resolverse en ese tribunal y, sólo en su estudio otras 12 causas de adultos mayores vs. aumentos de las cuotas ya están por presentarse y sortearse entre los mismos jueces.

«El aumento de la cuota de mi madre por parte de Corporación Médica fue indiscriminado, abusivo e intempestivo. En diciembre la factura fue de $79.169, en enero pasó a $ 150.649, en febrero subió a $ 180.779 y en marzo llegó a $ 213.319. Cuando ella cobra la jubilación mínima, de $ 153.811, imposible sostener aumentos del 100% en su cobertura de salud», detalla el abogado.

Carmen, igual que muchos jubilados que tienen las cuotas más bajas de las prepagas más accesibles, tampoco tenía todo resuelto al ser afiliada. Ya había presentado un amparo (que la Justicia le otorgó) para que su cobertura se hiciera cargo del 100% del tratamiento con el medicamento Forxiga, que en las farmacias hoy sale $58.000.

Ese antecedente también la ayudó en el fallo judicial que le resultó favorable a 72 horas de haber presentado el amparo.

«Es que el tratamiento de su diabetes corre peligro, porque sería imposible abonar el medicamento de manera privada, sumado al valor de las cuotas mensuales que aumentaron mas del 100%, entendiendo lo que ella percibe como jubilada y la inflación interanual de 254, 2%», detalla.

En ese fallo, al que tuvo acceso Clarín, se ordenó a la prepaga refacturar las cuotas de afiliación al valor de lo que cobraba en diciembre, previo al DNU, con ajustes mensuales que resulten de aplicarle el Índice Salarial que publica el INDEC.

El mismo plazo de abstención de aumentos y condiciones que la jueza Martina Isabel Forns otorgó en el resto de las medidas cautelares que quedaron en el ámbito de su decisión.

«Entre los casos más particulares de adultos mayores que estoy por presentar está Cecilia, una jubilada de 65 años, que tiene VIH. Las historias son muy similares si se considera que $494.791 es el mínimo estimado para no considerar a un hogar vulnerable, pero La situación es peor cuando se trata de personas como ella, con enfermedades crónicas. Incluso tengo varios clientes jubilados que son pacientes oncológicos», cierra Ciarallo.